"El cierre de RTVV es inevitable. Como consecuencia de la gestión nefasta y descontrolada de sus administradores, el Ente había acumulado unas obligaciones económicas que lo convertían en insostenible. La Generalitat intentó salvarlo reduciendo significativamente la plantilla a través de un ERE que la justicia ha declarado nulo porque, como se ha podido demostrar, se ha realizado de manera deplorable y partidista. Y la empresa no puede asumir el coste que supone la readmisión y el mantenimiento de los casi mil trabajadores afectados. Podría intentar disfrazar la realidad, pero entiendo que sería un insulto a la inteligencia de quienes me escuchan, y yo mismo estaría demostrando ser un caradura. Les garantizo que mi gobierno no descansará hasta que, sean quienes sean, cada uno de los responsables de la ruina y el saqueo continuado que han obligado a la desaparición de este servicio público respondan por sus actos ante los tribunales".
En esa línea debería haber ido el discurso de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, para justificar la "muerte" de la radiotelevisión pública valenciana. En cambio, sus argumentos fueron mucho más básicos y demagogos. "No cerraré un colegio o un hospital por tener una televisión", dijo, así, sin pestañear. Y añadió: "hemos hecho las cosas lo mejor posible".
Sé que algo estaba cambiando. La última directiva mostraba dignos de aperturismo y neutralidad. Quizás eso explicaría que el "juguete" haya dejado de ser útil para quienes se creían sus dueños. No se sorprendan demasiado si en unos meses se enteran de la creación inminente de otra televisión, con concesión administrativa, y en manos afines al poder. ¿Privatizar? No sean tan mal pensados. Se llama externalizar para reducir costes. Todo por el bien común, claro.
Después de escuchar a Fabra, mucha gente repetirá su argumento cual lorito: "es lógico; antes de tocar la educación y la sanidad (ya más que recortadas, sea dicho de paso), es más sensato prescindir de un medio de comunicación". Una vez más, la manipulación habrá calado entre los más papistas (los hay en todos los partidos políticos), y en aquellos que viven ajenos a lo que les rodea. Pero es que ese no es el debate. Ya está bien de quedarse mirando el dedo cuando está ahí la Luna más brillante que nunca. La cuestión no estriba en establecer un ranking de servicios primordiales para un estado de bienestar, ni siquiera en analizar la necesidad o conveniencia de una radiotelevisión estatal. Lo que debería preocuparnos es que quienes nos gobiernan puedan arruinar y desmantelar un recurso que financiamos los ciudadanos sin rendirnos cuentas e, incluso, sin entonar el mea culpa.
Se equivocan quienes piensan que los mayores damnificados de este nuevo tijeretazo (en este caso, de raíz), son los casi 1.700 profesionales que pierden su puesto de trabajo o, por extensión, la industria audiovisual de la zona (productoras, actores, traductores, proveedores técnicos...), que quedará gravemente tocada tras la desaparición de su buque insignia (se calcula que 120 empresas y unos 2.000 empleos indirectos dependían de él). No, señores. Todas esas personas volverán a encontrar su lugar antes o después. Pero, ¿y a usted quién le devuelve lo que es suyo? ¿Quién le va a explicar cómo afecta a su economía las decisiones que se tomen fuera de su territorio? ¿Dónde va a encontrar información en directo sobre lo que está ocurriendo en el centro de su ciudad? ¿Las fiestas y tradiciones se van a convertir en eventos aislados? ¿Cómo se va a mantener viva una lengua si ningún medio de difusión la defiende? ¿Cree usted que las radios y televisiones nacionales le van a contar en profundidad el tiempo en su región o la actualidad de los equipos deportivos locales?
RTVV, con Canal 9 a la cabeza, no ha sido el mejor ejemplo de pulcritud y honestidad informativa, eso es verdad. Como ocurre en otras autonomías, sus dirigentes lo convirtieron sin pudor en una suerte de gabinete de prensa para loar sus actos, maquillar cifras y ocultar manchas a través de noticieros contaminados e incompletos. Desde que el 5 de noviembre el Consell anunciara el fin de la emisora, los castigados trabajadores se hicieron con el control de la programación y nos desvelaron algunos de los casos más flagrantes de manipulación en los 18 años de gobierno del Partido Popular de las que resultamos damnificados espectadores y protagonistas de las noticias, como las víctimas del accidente que tuvo lugar en Valencia el 3 de julio de 2006 y en el que fallecieron 43 personas. Ahora, los periodistas de RTVV han desvelado lo que siempre imaginamos: la Generalitat ordenó silenciar la investigación de aquel trágico suceso con trasfondo político. A última hora, la máquina propagandística se les volvió en contra. Talvez por eso, sólo han hecho falta 24 días para finiquitar de forma acelerada, bochornosa y chapucera aquel medio nacido con la voluntad de promocionar y defender la lengua valenciana, y respetar el pluralismo y la objetividad, así como la veracidad y la imparcialidad en las informaciones.
El pasado viernes, a las 12:19, moría Nou; horas antes lo hacían la radio y la web. Aunque sería más exacto hablar de asesinato con nocturnidad y alevosía. No hubo fundido a negro ni una despedida digna, sino un corte abrupto parecido a una amputación. Háganme caso: puede que ahora les parezca improbable, pero echarán de menos Canal 9. Con la libertad ocurre lo mismo; no eres consciente de que la tienes hasta que se ve mermada.
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